Participación del Estado en la Renta Petrolera: Antes y después de la Nacionalización en Bolivia

Participación del Estado en la Renta Petrolera: Antes y después de la Nacionalización en Bolivia

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«Si no quieres ser viejo, no vivas» Fue la frase de mi hijito cuando las penas de la vejez fueron motivo de charla en casa. Ello me hizo pensar que la vida es una sucesión de aventuras, donde cada una de ellas es parte de esta nuestra vida, por eso, vivir con pasión es tan lindo, porque cada minuto es igual de importante.

Una de mis pasiones que curiosamente en estos días cobró cierta notoriedad en la prensa boliviana, es la economía de los hidrocarburos, en particular, la participación estatal en la renta petrolera. Por esta razón, quiero compartir ahora la historia de la renta petrolera antes y después de la llamada «Nacionalización» de los hidrocarburos en Bolivia. Espero que estas palabras puedan ayudar al debate que ahora se tiene y que la abstracción de la realidad que hice pueda reflejar lo que efectivamente sucede en mi país.

Bien comencemos; en la siguiente gráfica presento la situación (ingresos brutos en boca de pozo) sin tributos para dos tipos de campos en Bolivia, a la izquierda se encuentra la situación de los campos pequeños y medianos, a la derecha la de los campos grandes, es claro que los costos son distintos en ambos casos, la pelea entonces es cómo dividir entre Estado y privados el área blanca remanente.

Con el afán de visualizar mejor la situación, déjenme separar el área blanca, como lo hago a continuación.

Situación antes de la nacionalización

El año 2005, la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 promulgada por el presidente de la época, Hormando Vaca Diez, aprobó la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con una tasa equivalente al 32% sobre el valor producido, ello asociado al 18% de regalías, generó la siguiente situación:

Como queda claro, algunos campos en Bolivia podían (y pueden) soportar este impuesto, pero para otros la situación es poco rentable.

Nacionalización

El año 2006 el presidente Evo Morales Ayma, aprobó un decreto supremo que obligó a las empresas a renegociar contratos de exploración y explotación. Resultado de dicha negociación, el Estado (a través de YPFB) logró una participación adicional en la renta petrolera, manteniendo lo establecido en la Ley 3058. Gobierno y empresas petroleras se sentaron alrededor de una mesa y acordaron tablas (distintas según cada contrato) como la que adjunto a continuación a manera de ejemplo. En ella se observa que el porcentaje de participación del Estado (sobre la utilidad) varía de acuerdo al nivel de producción y la recuperación de la inversión (parámetro B).

Continuando con la tabla del ejemplo, asumamos que el porcentaje adicional de la «Nacionalización» es del 40%, entonces, tendríamos esta situación:

En la Figura previa se observa que el 40% acordado es sobre el área blanca (la utilidad remanente de costos, regalías e IDH), ello traducido en la participación sobre los ingresos totales es:

Naturalmente en los campos pequeños y medianos la renegociación de contratos fue menos agresiva, como se puede ver en la parte izquierda de la Figura anterior

Ahora pasemos a los porcentajes de participación estatal. Si sólo tomamos en cuenta los campos grandes (sólo 4 en Bolivia) y consideramos el área neta de costos como el 100% la situación es:

De este 100% el Estado obtiene el 87%, es decir:

Pero si consideramos el 100% de los ingreso brutos, tenemos el siguiente porcentaje:

Es decir, lo que para unos es 87% para otros es 67%, lo curioso es que cuando se dijo que se intercambiaría (gracias al proceso de Nacionalización) la relación 18%-82% a 82%-18% se hablaba del porcentaje sobre el ingreso bruto (el de la izquierda), pero ahora parece que se habla sobre el porcentaje de la derecha… en fin.

Si tomamos en cuenta los campos pequeños y medianos la situación es muy compleja, veamos:

El IDH (32%) capturó casi el total de la renta petrolera, por tanto, los porcentajes de la Nacionalización fueron muy pequeños. Pero los porcentajes son muy distintos, sobre la utilidad el Estado se queda con el 95%, pero sobre los ingresos brutos obtiene el 51%… de hecho, en muchos casos (sobre todo en el petróleo) el Estado se queda con el 100% del área de la derecha. Por esta razón, no es novedad que la inversión en campos pequeños o medianos, o en los campos de petróleo, es casi nula.

Ahora vamos ¿Quiénes se benefician de estos porcentajes? En la siguiente gráfica se muestran los beneficiarios de cada componente en un campo grande (debo aclarar que el TGN también se beneficia del IDH en pequeña proporción):

El sagaz lector verá que la nacionalización genera recursos a YPFB (que dicho sea de paso, alcanzan los US$ 1,000 millones por año), pero el 50% beneficia a otros, tal como se observa a continuación:

De acuerdo a la Figura anterior, si eliminamos el porcentaje de la «Nacionalización», realmente no se afectarían los ingresos de municipios, gobernaciones, fondo indígena, etc.

El problema en nuestro país es la poca progresividad de la participación estatal en la renta petrolera. Como usualmente lo digo, pensar que todo el sector de hidrocarburos es rentable, es como querer que todos los bolivianos tengan la misma talla de terno (traje de saco y pantalón) para los pequeños (como yo) les quedará grande, a los altos les quedará pequeño… un sistema tributario progresivo, es tener un «traje a medida».

Mis buenos amigos y amigas, ha sido un gusto compartir estas ideas con ustedes; espero que la discusión política del momento (en Bolivia) ayude a resolver los impasses del pasado con el sector que actualmente da de comer a nuestro país.

A todos nos gusta cosechar, pero hoy es hora de sembrar… el desafío está planteado y está en sus manos. Como lo escuché en una película: «larga vida y sensatez para vivirla.»

Mauricio Medinaceli Monrroy

La Paz, Agosto 17, 2014.

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